Esta propuesta que puede tener una gran transcendencia ha partido desde Osuna, que en la última reunión de seguimiento con los responsables del Catastro en Sevilla, propuso la necesidad de revisar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter rústico que pagan actualmente los agricultores que alquilan sus tierras para parques eólicos, huertos solares o plantas termosolares. Según explica Juan Antonio Jiménez Pinto, delegado de Hacienda en el Ayuntamiento ursaonense, cuyo término acoge el que fue el primer parque eólico de Sevilla, es una incongruencia que los propietarios de estas fincas sigan pagando lo mismo que cuando no tenían más ingresos que su producción agrícola.
Las empresas de energías renovables pagan entre 3.000 y 4.000 euros al año al propietario de cada hectárea que alquilan para poner placas solares. En cuanto a los parques que aprovechan la fuerza del viento, los empresarios abonan hasta 9.000 euros por cada molino que se levanta sobre sus propiedades. Se trata de unos ingresos fijos, que no dependen de su trabajo ni la inversión del agricultor y que no están al albur de los daños que las inclemencias meteorológicas, las plagas o cualquier otro imprevisto pueden causar en la producción.
Texto extraído del Diario de Sevilla