La vivienda y los grupos vulnerables

Estaremos de acuerdo en que no disponer de vivienda en propiedad, alquiler o en uso y disfrute, es la antesala de la exclusión social. El acceso a la vivienda es hoy un enorme problema al que tiene que hacer frente la sociedad española. Por una parte, tenemos una gran demanda y de otra que los demandantes no tienen recursos, especialmente si se dirijen al sector libre. El problema se ha hecho mayor porque no sólo afecta a las rentas bajas sino que alcanza también a las rentas medias.

Los planes de vivienda resuelven parte del problema, pero lejos de una solución total, hasta tanto la Ley de medidas para la vivienda protegida y el suelo, Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler entre otras actuaciones puestas en marcha y otras pendiente de implantación, alcancen velocidad de crucero.

Después de un largo preambulo, quería referirme a colectivos especialmente vulnerables en este escenario: jóvenes, mayores de 65 años, víctimas de malos tratos ó terrorismo, familias monoparentales, minusválidos, etc. El precio de la vivienda protegida (Plan Andaluz) está en el intervalo de 71 mil € y 115 mil € (prescindo de garaje y trastero porque se mantiene la proporcionalidad) en caso de acceso a la propiedad ó en alquiler con rentas etre los 70 y 100 € mensuales, según superficie y calificación. Parece lógico dirigir estos colectivos hacia el menor esfuerzo económico. En el primer caso, al denominado régimen especial en venta (ayudas a la entrada y a minorar la cuota hipotecaria) y en el segundo a viviendas de alquiler de integración social. Parece fácil, pero en estas viviendas y a estos precios difícilmente se alcanza el equilibrio económico en el resultado de la promoción, por lo que la concurrencia del sector privado no puede esperarse (están en su derecho).

Las tienen que abordar las empresas municipales o provinciales de vivienda. Estas tienen vinculada su contabilidad a la del Ayuntamiento, por lo que su margen de maniobra financiero depende del nivel de deuda del Ayuntamiento y, en caso de alquiler, peor, dado que la hipoteca se mantiene viva 25 años (si bien los inquilinos tienen opción de compra). Es un bucle de difícil salida pero, a pesar de ser consciente de la dificultades legales, especialmente hipotecaria y otras, me atrevo a pedir lo siguiente:

- Analisis de la demanda en el municipio de forma muy pormenorizada.
- Permitir a los Ayuntamiento contabilizar las hipotecas por los intereses de carencia (luego se subrogan los compradores).
- Concentrar la construcción y gestión de las vivienda en alquiler en entes autonómicos. Es decir, viviendas públicas directas.
- Tener cuota obligatoria dentro de la cuota del 30% obligatoria de viviendas protegidas en cualquier planeamiento urbano.
- Que baste como garantía hipotecaria la propia vivienda.
- Recursos especiales en el ICO para estas promociones.

Todos los impulsos son necesarios, pero los destinados a estos colectivos, merecen esfuerzos mayores. La solidaridad lo pide y la Constitución lo exige.

Manuel García Aguilar

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